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Con el telón de fondo de la crisis económica el Gobierno Español pretende endurecer, aún más, sus políticas migratorias, culpabilizando al colectivo migrante de la actual situación de deterioro del mercado laboral. De esta forma pretende obtener un doble objetivo, por una lado presenta las personas migrantes como chivo expiatoria de las alarmantes cifras de desempleo, y, por otro, divide a trabajadores y trabajadoras ente autóctonos y autóctonas e inmigrantes, aislando el esfuerzo de ambos colectivos por combatir los efectos perversos de tantos años de acumulación de beneficios a través de la explotación de ambos colectivos. A esos intereses se debe el mayor endurecimiento de las ya represivas políticas migratorias, tanto en la Unión Europea como en el Estado Español. La modificación de la Ley de Extranjería responde a la filosofía descrita y coloca, en consecuencia, al colectivo migrante, en una situación de mayor vulnerabilidad económica, política, laboral y social.
La Red Estatal por los Derechos de los y las Inmigrantes (REDI), se opone la modificación de la Ley de Extranjería porque:

Con la excusa de adaptar la ley a las disposiciones de los Tribunales Supremos y Constitucionales (derecho a la huelga, de reunión, de asociación de las personas migrantes en situación de clandestinidad, etc.) se pretende realizar una reforma que endurece las condiciones de vida de la población migrante. Las distintas sentencias han venido a considerar anticonstitucional determinadas restricciones a los derechos de este colectivo por lo que lo único procedente es derogar los mismos de forma inmediata.
A través de esta reforma se pretende adaptar a la legislación del Estado las distintas directivas europeas dirigidas al recorte de derechos de las y los inmigrantes, entre ellas la denominada directiva de la vergüenza.
La citada reforma se enmarca en las políticas que consideran a las personas migrantes como meras herramientas económicas en el marco de una sociedad donde sigue primando, en primer lugar, la acumulación capitalista.
Amplia los plazos de detención en los Centros de Internamiento hasta 60 días, que pueden llegar a ser indefinidos por causas “no imputables” a la administración, condenando a permanecer encarceladas a personas que no han cometido ningún delito.
Se obstaculiza la reagrupación familiar de las y los ascendientes exigiendo que la persona que reagrupe tenga autorización de larga residencia y que él o la ascendiente tenga más de 65 años.
Se persigue la solidaridad humana introducción como infracción grave (hasta 10.000 euros de multa) el apoyo y ayuda a las personas migrantes en situación de irregularidad administrativa. Entre estas infracciones se encuentra la inscribir a las mismas en un domicilio a efectos de alta en el padrón municipal, con lo que se le cierran las puertas a derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria y la educación. Ello Implica, además, criminalizar y aislar a este colectivo de personas por encontrarse en una situación de la que no son responsables.
Restringe los derechos de los y las menores no acompañados, que podrán ser puesto a disposición de los servicios de protección del supuesto país de origen sin garantizar la reagrupación familiar. Primando, en consecuencia, su condición de extranjeros y extranjeras sobre la de menores y supone una vulneración de toda la legislación de protección de los y las menores y de los Derechos Internacionales de Niños y Niñas.
Utilizando un discurso de igualdad de género supone objetivamente nuevas formas de discriminación hacia la mujer inmigrante, al condicionar su acceso al mundo laboral impidiendo el reagrupamiento de los ascendientes, máximo en momentos en que las políticas neoliberales han dado al traste con gran parte de los servicios públicos, entre ellos el de los cuidados a las personas y la educación la primera infancia.

En consecuencia, EXIGIMOS:
La retirada del anteproyecto de reforma de la ley de extranjería y derogación de la propia ley por ser una clara herramienta para la discriminación de las personas inmigrantes.
El cierre inmediato de los Centros de Internamiento para Extranjeros por constituir una vía, más de represión y marginación de las personas migrantes.