COMUNICADO:

Organizaciones de inmigrantes y ONGs, frente a la opinión de Zapatero, consideran que sí es el momento adecuado para firmar nuevos acuerdos internacionales que protejan a los inmigrantes de redadas indiscriminadas y de malos tratos en centros de internamiento.

No nos encontramos en el momento más adecuado para formalizar nuevos compromisos internacionales, es la respuesta dada por el Gabinete de la Presidencia del Gobierno a una carta dirigida a Rodríguez Zapatero. El 18 de diciembre del pasado año, un colectivo de organizaciones hicimos entrega, en el Palacio de La Moncloa, de una carta en la cual preguntábamos al Presidente del Gobierno su opinión sobre la ratificación de la Convención de la ONU sobre la protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias por parte de nuestro país. Cuestión de especial relevancia social en un momento de redadas indiscriminadas hacia las personas inmigrantes y de serias acusaciones de malos tratos en centros de internamiento.

Las polémicas actuaciones de la policía nacional en Madrid, sustentadas en una política de cupos semanales de detenciones de inmigrantes, y las preocupantes declaraciones del Ministro del Interior, Pérez Rubalcaba, vinculando inmigración y delincuencia, sitúan en el centro del debate social la necesidad de suscribir acuerdos internacionales que prohíban y dificulten la vulneración de los derechos humanos de las personas inmigrantes. La citada Convención de la ONU establece una serie de derechos humanos básicos de los trabajadores migratorios y sus familiares que todo Estado debe proteger, independientemente de la situación administrativa de la persona, que dificultarían extremadamente la adopción de políticas de acoso hacia la población inmigrante e incluso pondrían en cuestión la existencia misma de los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE).

Si bien las organizaciones firmantes de la carta agradecemos la pronta contestación y la claridad en el posicionamiento del Presidente del Gobierno respecto de sus intenciones de no ratificar la Convención de ONU en un futuro cercano, nos sentimos obligadas a mostrar nuestra disconformidad y preocupación por los argumentos esgrimidos por Presidencia para justificar su postura. Dos son los argumentos utilizados para estimar inoportuna la firma, en estos momentos, de la Convención: los compromisos adquiridos en el marco de la Unión Europea en materia de inmigración y la próxima reforma de la ley de extranjería que desaconseja adquirir compromisos internacionales hasta que no se hayan aprobado en el parlamento las modificaciones normativas pertinentes.

Nos preocupa la constante y reiterada alusión a la Unión Europea como excusa para justificar reformas legislativas que retroceden en garantías y lesionan derechos fundamentales, como la ley de extranjería y la ley de asilo, y en este caso concreto, para eludir nuevos compromisos internacionales referidos a la protección de los derechos humanos. Compromisos internacionales que pueden entrar en contradicción con las nuevas medidas de control de la inmigración anunciadas por el Gobierno y recogidas en el proyecto de reforma de la Ley de Extranjería. En este sentido observamos con creciente preocupación la convergencia de nuestro Gobierno con las tesis mantenidas por los Gobiernos europeos más conservadores y la obsesión comunitaria por las políticas de seguridad, el control de los flujos migratorios y el blindaje de fronteras. Obsesión que acarrea descuidos en la protección de derechos fundamentales e incluso retrocesos en los derechos reconocidos a inmigrantes y refugiados, como así ha ocurrido con la aprobación en el Parlamento Europeo de la Directiva de Retorno.  

Europa no puede ser la excusa. Cada Estado europeo es soberano y tiene autonomía suficiente para ratificar convenios y tratados internacionales, sobre todo cuando éstos emanan de la ONU y protegen aspectos relacionados con los derechos humanos. La Convención de la ONU sobre la protección de los derechos humanos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares constituye un imperativo ético, jurídico y político para todos los Estados miembros de Naciones Unidas y su ratificación es una exigencia de la sociedad civil internacional a sus gobiernos, como quedó recogido en la Declaración del III Foro Social Mundial de las Migraciones celebrado en Rivas en septiembre de 2008.

El proyecto de reforma de la ley de extranjería aprobado por el Consejo de Ministros profundiza en la línea marcada por Europa y se encuentra en contradicción con el espíritu de la Convención de la ONU. Medidas como la ampliación del periodo de detención en Centros de Internamiento, los obstáculos a la reagrupación familiar o las restricciones a los procesos de regularización;  retroceden en los derechos y garantías reconocidas a los inmigrantes en nuestro país y contribuirán a provocar nuevas situaciones de vulnerabilidad y marginalidad social entre el colectivo. Situaciones que pueden favorecer a la aparición de actitudes xenófobas y racistas, especialmente en un contexto de crisis económica.

Las organizaciones firmantes de este comunicado, por todo lo expuesto, mostramos nuestro desacuerdo con los argumentos dados por Presidencia del Gobierno para justificar la no ratificación de la Convención de la ONU sobre la protección de los derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familias y nos reafirmamos en nuestra exigencia al Gobierno de que promueva la ratificación de la Convención en el Parlamento español. 

Organizaciones firmantes:

Asociación para la Cooperación con el Sur (ACSUR)
Asociación Pro-Derechos Humanos de España (APDHE)
Centro Uruguayo de Madrid (CUM)
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR)
Federación Estatal de Asociaciones de Inmigrantes y Refugiados en España (FERINE)
Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM)
Instituto de Estudios Políticos para América Latina y África (IEPALA)
Red Acoge
Red Europea contra el Racismo (ENAR España)
SOS Racismo de Madrid
Unión Sindical Obrera (USO)