COMUNICADO DEL CENTRO URUGUAYO DE MADRID

MADRID, 10 DE AGOSTO.- ATAQUE A LA SANIDAD PÚBLICA, bajo el nombre de “medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones”, el Gobierno de España, a través de sus comunidades autónomas, lo único que pretende es la eliminación del derecho a la tarjeta sanitaria  a los inmigrantes sin permiso de residencia o trabajo en España a partir del 01/09/2012.

Para el portavoz adjunto de la derecha española, integrante del PP, en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando, “los inmigrantes ilegales lo que tienen que hacer es volver a sus países”.  El conservador Hernando se olvida, o no le importa, que la mayoría de esos inmigrantes llevaban  años aportando a las arcas españolas, y que producto de la crisis, más las  exigencias de imposible cumplimiento para poder renovar los permisos de trabajo y residencia,  los han hecho quedar en una situación de irregularidad administrativa.

No fueron los inmigrantes los que saquearon los bancos, ni los que destruyeron el estado de bienestar, todo lo contrario,  trabajaron en los empleos que los españoles no querían, e incluso fueron explotados por empresarios nativos carentes de todo tipo de escrúpulos. La mayoría de los  inmigrantes, como la de los españoles, no vivieron por encima de sus posibilidades, lo que si sufrieron en carne propia fue la avaricia de los poderosos y la usura de los bancos.

 El Centro Uruguayo de Madrid (CUM) advierte  que el nuevo decreto ley 16/2012 del Gobierno de España modifica,  limita y  vulnera los derechos y libertades de las personas extranjeras y españolas reconocidas en leyes superiores. Es un ataque directo a las clases sociales más desprotegidas, por un Estado español que destruye familias para salvar  bancos.

Consideramos  que la nueva normativa  podría estar vulnerando dos preceptos constitucionales,  el artículo 43, que reconoce el derecho a la protección de la salud y el 9.2, que regula "el papel de los poderes públicos como garantes del mismo". El decreto atenta contra La Ley Orgánica 2/2009, que establece en su artículo 12, derechos como:

• Los extranjeros que se encuentren en España, inscritos en el padrón del municipio en el que tengan su domicilio habitual, tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles.

• Los extranjeros que se encuentren en España tienen derecho a la asistencia sanitaria pública de urgencia por enfermedad grave o accidente, cualquiera que sea su causa, y a la continuidad de dicha atención hasta la situación de alta médica.

• Los extranjeros menores de dieciocho años que se encuentren en España tienen derecho a la asistencia sanitaria en las mismas condiciones que los españoles.

• Las extranjeras embarazadas que se encuentren en España tienen derecho a la asistencia sanitaria durante el embarazo, parto y postparto”.

 El CENTRO URUGUAYO DE MADRID, se congratula de las iniciativas de rechazo a la ley y de la objeción de conciencia planteada por los médicos ante esta medida insolidaria.

El presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), Mariano Sánchez Bayle, declaró que la tarjeta sanitaria podrán utilizarla hasta el 31 de agosto, pero a los inmigrantes que están tratando de obtenerla ya se les está exigiendo desde mayo tener la residencia, cuando antes sólo se pedía estar empadronado, lo que constituye "una medida ilegal y una expulsión anticipada del sistema sanitario".

Ante la intención de las autoridades de cobrar un canon a los inmigrantes ilegales por ser atendidos en la sanidad pública, la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC) lo consideraría “inviable”. Así lo ha expresado el secretario general de esta sociedad científica, Salvador Tranche, al tiempo que ha considerado como “positivo” que el Gobierno reflexione por cambiar la situación. Esta medida “es mala porque este colectivo está en exclusión social y económica, y no puede hacer frente al pago”, subraya Tranche.

Tranche, que se muestra seguro de que los médicos de Atención Primaria objetores de conciencia “seguirán atendiendo a todos los pacientes”, teme que la unidad administrativa no les dé cita y no puedan llegar a la consulta.

La Defensora del Pueblo respondió  esta semana, realizando una serie de recomendaciones a la administración, ante la queja presentada por la Plataforma por la Convivencia de Ibiza, el pasado mes de julio, por los efectos del RD 16/2012 (RD ratificado por el Consejo de Ministros del 3 de agosto). La Defensora del Pueblo demanda “que se adopten las medidas complementarias necesarias de modo que se produzca el acceso efectivo a la protección de la salud para colectivos en situación vulnerable que han quedado excluidos al objeto de garantizar el cumplimiento por parte de las administraciones públicas de la obligación que les compete en materia de protección de la salud pública”.

El CUM recuerda que, a cualquiera de los que hoy gozamos de cierta seguridad, mañana nos puede tocar quedarnos indefensos y pide que se esté alerta a las distintas movilizaciones que se realizarán a partir del 1 de septiembre contra esta nefasta ley que atenta contra los derechos humanos y cuyo único fin es llevar al Sistema Nacional de Salud a la privatización.